Las organizaciones abajo firmantes, comprometidas en la prevención del abuso y la negligencia infantil y en velar por el bienestar de los niños, deseamos expresar nuestra enorme preocupación por el trato que están recibiendo los niños en la frontera de Estados Unidos. Como defensores del bienestar infantil y conocedores del impacto del trauma en los niños, nos alarman profundamente los informes de las condiciones de alojamiento de los niños y la repetida separación del entorno familiar autorizadas por el gobierno federal, que los exponen, sabiéndolo, al abuso emocional y a un daño físico equiparables al abuso infantil. Exhortamos al Congreso y al Gobierno Federal a acabar inmediatamente con estas acciones abusivas hacia los niños.

A pesar de la anulación oficial de la política de «tolerancia cero», informes recientes demuestran que el gobierno federal sigue separando a los niños de sus padres y de otros cuidadores, como tíos, abuelos y primos, con los que llegan al país. Los informes también han revelado que el criterio de riesgo necesario para justificar la separación de un niño de su cuidador a menudo no se cumple. Por lo tanto, las acciones del gobierno no responden en absoluto al mejor interés del niño y causan un grave daño emocional. Estas separaciones constantes son injustificadas, ilegales y enormemente perjudiciales para el bienestar de los niños.

La separación de las familias, la detención, las jaulas, las condiciones físicas e higiénicas deplorables, el acoso y la intimidación por parte de los guardianes, y la reclusión en establecimientos institucionales enormes reflejan prácticas traumáticas en flagrante contradicción con lo que la ciencia nos dice sobre el desarrollo infantil saludable. Las experiencias traumáticas, el estrés tóxico y la exposición prolongada a condiciones inseguras que los niños experimentan bajo la custodia del ICE y de la CBP, tienen, para ellos, consecuencias de por vida. El gobierno federal debe dejar de someter deliberadamente a los niños a estas experiencias, de separarlos de sus padres y cuidadores, y de mantenerlos en condiciones de confinamiento que violan las leyes estatales contra el abuso infantil de todo el país.

Es inconcebible que el gobierno federal consienta condiciones de reclusión para niños que son equivalentes al maltrato infantil en el marco de cualquier política. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, tanto de los niños nacidos en Estados Unidos como de los niños inmigrantes, y de prevenir un riesgo de daño injustificado. Las políticas en práctica actualmente en las fronteras no cumplen esta norma mínima.

Exhortamos al gobierno federal a actuar rápidamente para garantizar que ningún niño quede detenido más de 72 horas en los centros de la CBP, y que todos los centros de la CBP que albergan temporalmente a niños dispongan de un entorno seguro que no los exponga a un riesgo injustificado de daño físico o mental. También apelamos al Congreso de Estados Unidos para que actúe rápidamente si el gobierno no lo hace. Los miembros de esta Coalición están preparados para unirse al gobierno y al Congreso con el objetivo de determinar la mejor estrategia para alcanzar este objetivo, y están deseosos de hacerlo.

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